Mi Cuaderno de Historia: abril 2012

INTRODUCCIÓN.

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se desarrolló en España la revolución liberal:

En la primera mitad del siglo XIX se destruyeron definitivamente las formas económicas, las estructuras sociales y el poder absoluto que habían caracterizado al Antiguo Régimen. El período empezó con una larga guerra civil entre carlistas e isabelinos debido al conflicto dinástico que se inició a la muerte de Fernando VII por la sucesión al trono.

El triunfo de los liberales hizo posible la transformación de la antigua monarquía absoluta en una monarquía constitucional y parlamentaria; la conversión de la propiedad señorial en propiedad privada y el asentamiento de la libertad de contratación, de industria y de comercio.

Una nueva clase dirigente, la burguesía agraria, surgida de la alianza entre la antigua nobleza terrateniente y la nueva burguesía, controló el sistema político mediante el sufragio censitario y estableció un orden jurídico y económico que permitió el desarrollo del capitalismo.

En Europa, mientras tanto, las potencias que habían puesto fin a la aventura napoleónica en el Congreso de Viena (1814), restauraron el Antiguo Régimen y crearon un equilibrio entre los estados acorde con los intereses de Gran Bretaña y Austria, y lo pusieron bajo la vigilancia de la Santa Alianza con la idea de eliminar el espíritu de la Revolución Francesa.

Pero fue en vano pues el liberalismo se mantuvo vivo y se unió al nacionalismo, una nueva ideología que junto a la liberal conformó los movimientos revolucionarios de 1830 y 1848. Ambos focos revolucionarios se iniciaron en París, y enseguida se propagaron por Europa. Eran las revueltas de la burguesía contra la nobleza y el poder señorial, que en aquellos momentos, sabiéndose en peligro, intentaba mantener los resortes de poder del Antiguo Régimen. Fue en vano. Tanto el liberalismo como el nacionalismo fueron semillas que prendieron hondo en los pueblos de Europa y acabaron barriendo los vestigios del viejo poder.

Quienes tengan interés por sumergirse en los entresijos de aquella Europa, les sugiero un autor: Karl Marx, y dos obras: Las luchas de clases en Francia (1848-1850) y El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. En ambas, Marx nos ofrece un análisis crítico y profundo de los acontecimientos revolucionarios que tuvieron a Francia como protagonista pero cuyas repercusiones, ya en aquel momento, traspasaron el escenario nacional.

EL INICIO DEL REINADO DE ISABEL II.

A la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833, su hija Isabel tenía solo tres años; así que, fue su madre María Cristina quien asumió la regencia de España al frente de un Consejo formado por una mayoría conservadora, con la difícil tarea de modernizar el país y llegar a un acuerdo con los carlistas.

La presión ejercida por los sublevados carlistas y la falta de apoyos a las escasas medidas reformadoras emprendidas por el gobierno, provocaron en agosto de 1836 un levantamiento militar conocido como "Motín de la Granja" obligando a la Corona a contar con los liberales para la formación de un gobierno progresista que iniciara un profundo proceso de reformas liberales. La desamortización de Mendizábal fue una de las medidas de mayor calado tomadas en este momento.

El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptase el de 1812 a los nuevos tiempos. El texto aprobado fue la Constitución de 1837 que proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo.

Quedó configurado desde entonces un primer sistema de partidos sobre la base de los partidos moderado y progresista, que se alternaron en el poder durante el reinado de Isabel II, pero que fueron constantemente mediatizados por la intromisión de los militares, que habían aumentado su poder gracias a las guerras carlistas. Los generales Espartero, Narváez y O´Donnel desempeñaron un papel determinante en el funcionamiento de todos los gobiernos que hubo en España entre los años años 1837 y 1843.

Tras aprobarse la Constitución, los moderados tienen la palabra, afrontando una etapa en que intentan "saltarse" los elementos más progresistas de la Constitución de 1837. Preparan leyes restrictivas que afectan a la "ley electoral", "libertad de imprenta" y una "ley de Ayuntamientos" que enfrentó a progresistas y moderados y provocó un amplio movimiento insurrecional con la formación de Juntas revolucionarias en muchas ciudades.

Ante la gravedad de la situación María Cristina dimitió de su cargo y los sectores afines al progresismo otorgaron su apoyo al general Espartero que asumió el poder convirtiéndose en regente en 1840.

Espartero gobernó con una camarilla de militares afines conocidos como los ayacuchos, perdiendo la popularidad que lo había llevado al poder. Su política arancelaria -que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses- provocó un levantamiento en Barcelona (1842), en el que estuvieron involucradas la burguesía y las clases populares, que veían peligrar sus puestos de trabajo.

Espartero mandó bombardear la ciudad hasta conseguir su sumisión, colocando a Cataluña y a buena parte de sus antiguos partidarios en su contra.

Los moderados aprovecharon la división del progresismo y el aislamiento de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O' Donnell.

En 1843, Espartero abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los trece años.

LA DÉCADA MODERADA (1844-1854).

Tras la caída de Espartero y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II, los moderados accedieron al poder con el apoyo de la Corona, iniciándose un período de gobiernos moderados que duró diez años y que, como veremos, finalizó en 1854 con el pronunciamiento militar progresista conocido como la "Vicalvarada".

Mientras se configuraban los resortes del nuevo estado liberal, se inició la construcción del ferrocarril que iría articulando el territorio peninsular según una red jerarquizada con centro en Madrid. La primera línea que unía Barcelona con Mataró se inauguró en octubre de 1848.

El escándalo de los fraudes en la concesión de obras salpicó a la reina-regente María Cristina cuya participación puso de relieve el nivel de corrupción alcanzado por la corona en la construcción de esta magna obra.

El nuevo gobierno preparó una reforma de la Constitución progresista de 1837 y aprobó la nueva Constitución de 1845, que recogió las ideas básicas del moderantismo.

La vuelta al moderantismo supuso el recorte de los aspectos más progresistas del período anterior: restricción de libertades, sufragio censitario, acuerdos con la Santa Sede caracterizaron esta etapa, en la que se pretendió consolidar la estructura del nuevo Estado liberal bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización.

La Segunda Guerra Carlista o Guerra de los Matiners se desencadenó entre septiembre de 1846 y mayo de 1849, al fracasar los intentos de casar a Isabel II con el pretendiente carlista al trono, Carlos Luis de Borbón.

Una nueva derrota del carlismo permite a los liberales la continuidad de su política de reformas hacia la consolidación del estado liberal.

El Concordato con la Santa Sede se firmó en 1851 y establecía:

La suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el retorno de los no vendidos.
A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II y aceptaba la obra desamortizadora.

El Estado se comprometía también:

al sostenimiento de la Iglesia española (presupuesto de culto y clero),
al restablecimiento de las órdenes regulares,
a la concesión a la Iglesia de amplias competencias en materia de educación
y al reconocimiento del catolicismo como religión oficial del país.

Tras estos acuerdos la postura oficial de la jerarquía de la Iglesia católica fue la de respaldar el trono de Isabel II frente a la opción carlista.

El moderantismo abordó la consolidación de la estructura del estado liberal mediante una serie de leyes y reformas administrativas:

Reforma fiscal (Ley Mon-Santillán de 1845) para aumentar los ingresos de la Hacienda pública.
Se aprobó el Código Penal (1848) y se elaboró un proyecto de Código Civil.
Reforma de la Administración pública: se reorganizaron los cargos del Estado y se creó una ley de funcionarios para regular su acceso.
Se fortalecieron los gobiernos civiles y militares y la diputaciones provinciales.
La Ley de Administración Local de 1845 dispuso que los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes y de las capitales de provincia serían nombrados por la Corona, mientras que el gobernador civil designaría a los alcaldes de los municipios menores.
El temor a un rebrote del carlismo debido a este proceso centralizador, propició que en el País Vasco y Navarra se atendiera a la cuestión foral mediante un decreto de 1844 que acordó el mantenimiento de los ayuntamientos forales y las Juntas Generales en ambos territorios. Las aduanas se trasladaron a los Pirineos.
Se estableció un sistema nacional de instrucción pública que regulaba los diferentes niveles de enseñanza y elaboraba los planes de estudio. Esta legislación se completó con la Ley Moyano de 1857, que fue la primera ley de educación del país.
Se adoptó un único sistema de pesos y medidas, el sistema métrico decimal.
Se disolvió la antigua Milicia Nacional vinculada a las diferentes ciudades y provincias, y se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo armado con finalidades civiles pero con estructura militar, que se encargaría del mantenimiento del orden público, especialmente en el medio rural.

Los gobiernos moderados no lograron la estabilidad política. Actuaron de forma arbitraria, manipulando elecciones y reduciendo la importancia del poder legislativo. La vida política no se desarrollaba en las Cortes, sino en torno a distintas camarillas que actuaban al margen de la vida parlamentaria.

El autoritarismo se agudizó en 1852, durante el gobierno de Bravo Murillo que propuso una reforma constitucional que en la práctica transformaba el Estado en una dictadura tecnocrática. Las divisiones internas entre los moderados y el descontento de amplios sectores de población propiciaron una nueva revolución en 1854 que puso fin a diez años de gobierno moderado y permitió a los progresistas regresar al poder.

EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).

Un nuevo pronunciamiento militar (La Vicalvarada), esta vez de carácter progresista, puso fin a la década moderada y abre el bienio progresista. Fue encabezado por los generales Leopoldo O´Donnel y Domingo Dulce y de nuevo Espartero accede al poder.

De un texto de Marx alusivo a la presente situación, se recoge el siguiente párrafo:

«Una de las peculiaridades de las revoluciones consiste en que, justamente cuando el pueblo parece a punto de realizar un gran avance e inaugurar una nueva era, se deja llevar por las ilusiones del pasado y entrega todo el poder y toda influencia, que tan caros le han costado, a unos hombres que representan o se supone que representan el movimiento popular de una época fenecida. Espartero es uno de estos hombres tradicionales a quienes el pueblo suele subir a hombros en los momentos de crisis sociales y de los que después le es difícil desembarazarse.

A fines de 1847, una amnistía permitió el regreso de los desterrados españoles, y, por decreto de la reina Isabel, Espartero fue nombrado senador.» (N.Y.D.T 19-8-1854). Recogido de La revolución en España.

Se restauraron los principios del progresismo y una nueva Constitución en 1856 (La Nonata) que no llegó a promulgarse.
Se prosiguió la obra desamortizadora y la construcción del ferrocarril.
Se reprimieron con dureza las revueltas sociales causadas por la crisis de subsistencias.

De nuevo Marx analiza este proceso:

«Apenas habían desaparecido las barricadas de Madrid a petición de Espartero, cuando ya la contrarrevolución ponía manos a la obra. El primer paso contrarrevolucionario fue la impunidad concedida a la reina Cristina, a Sartorius y consocios. Después vino la formación del gabinete con el moderado O'Donnell de ministro de la Guerra, quedando todo el ejército a disposición de este viejo amigo de Narváez. [...] Como recompensa por los sacrificios de sangre del pueblo en las barricadas y en la vía pública, ha llovido un sinfín de condecoraciones sobre los generales de Espartero, por un lado, y los moderados, amigos de O'Donnell, por otro. Para allanar el camino al amordazamiento definitivo de la prensa, se ha restablecido la ley de imprenta de 1837. Se afirma que Espartero se propone convocar las Cámaras conforme a la Constitución de 1837 y, al decir de algunos, hasta con las modificaciones introducidas por Narváez, en lugar de convocar Cortes Constituyentes. Para asegurar todo lo posible el éxito de estas medidas, y de otras que han de seguir, se están concentrando grandes contingentes de tropas en las inmediaciones de Madrid. Si algo hay que nos llame particularmente la atención en este asunto es la prontitud con que ha reaparecido la reacción.» («New York Daily Tribune» 21-8-1854). Recogido de La revolución en España.

La Ley de Desamortización de 1855 con el ministro Madoz al frente completa la obra iniciada por Mendizábal. En esta ocasión la ley afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de las instituciones benéficas y sobre todo de los ayuntamientos (bienes de propios y comunales). Con ello se pretendía conseguir recursos para la Hacienda e impulsar la modernización de España.

Buena parte de los ingresos se destinaron a la red de ferrocarriles, considerada la pieza clave para potenciar el intercambio y el crecimiento industrial del país.

La construcción de las líneas del ferrocarril prosiguió en 1855 con la Ley General de Ferrocarriles que regulaba su ejecución y ofrecía incentivos a las empresas que intervinieran en ella, de lo que se beneficiaron especialmente los capitales extranjeros que acudieron al mercado español.

La preocupación de Las Cortes por el desarrollo económico de España se manifestó también en otras medidas legislativas para:

favorecer la reforestación,
la puesta en marcha del telégrafo,
ampliar la red de carreteras,
fomentar el crecimiento de sociedades por acciones y de la banca
y desarrollar la minería.

En 1854 una crisis de subsistencias movilizó al pueblo provocando una serie de revueltas que generó un clima de grave conflictividad social:

En Cataluña hubo huelgas obreras en 1855. Los trabajadores pedían:

la reducción de los impuestos de consumos,
la abolición de las quintas (reclutamiento forzoso en el ejército),
la mejora de los salarios y
la reducción de la jornada laboral.

Hubo levantamientos campesinos en tierras castellanas y los motines se extendieron por muchas ciudades del país, con asaltos e incendios de fincas y fábricas.

Ante la gravedad de la situación el gobierno presentó la Ley del Trabajo que permitía las asociaciones obreras, pero no fue suficiente para aplacar las revueltas.

Las clases conservadoras se vieron atemorizadas por la irrupción del movimiento obrero en la escena política:

Las discrepencias dentro de la coalición gubernamental -entre el progresismo moderado (Unión Liberal) y el más radical (Partido Demócrata)- se agudizaron.
Espartero dimitió y la reina confió el gobierno a O´Donnell, que reprimió duramente las protestas.

De nuevo Marx analiza la situación española:

«Hace unos días, el Charivari publicó una caricatura en la que se representa al pueblo español enzarzado en una pelea mientras los dos sables - Espartero y O'Donnell - se abrazan por encima de sus cabezas. El Charivari ha tomado por final de la revolución lo que es sólo su comienzo. [...] O'Donnell quiere que las Cortes sean elegidas conforme a la ley de 1845; Espartero, con arreglo a la Constitución de 1837; y el pueblo, por sufragio universal. El pueblo se niega a deponer las armas antes de que sea publicado el programa del Gobierno, pues el programa de Manzanares no satisface sus aspiraciones. El pueblo exige la anulación del concordato de 1851, la confiscación de los bienes de los contrarrevolucionarios, un exposé del estado de la Hacienda, la cancelación de todas las contratas de ferrocarriles y otras obras públicas fraudulentas y, por último, el procesamiento de Cristina por un tribunal especial. Dos conatos de evasión de esta última han sido frustrados por la resistencia armada del pueblo. El Tribuno publica la cuenta de las sumas que Cristina debe restituir al Erario Público...» («New York Daily Tribune» 25-8-1854). Recogido de la revolución en España.

LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA ISABELINO (1856-1868).

Los gobiernos unionistas se suceden entre 1856 y 1863, período en el que O´Donnell intentó un equilibrio político combinando el proyecto moderado con algunas propuestas progresistas como la limitación de los poderes de la Corona y la aceptación de la desamortización civil. Se consigue así una relativa estabilidad política interior, que estuvo acompañada por una etapa de prosperidad económica debido a la fiebre especuladora de las acciones ferroviarias en la Bolsa.

Se intentó revitalizar el parlamentarismo, aunque siempre bajo la tutela del estado: las elecciones eran amañadas desde el Ministerio de la Gobernación para asegurar la mayoría parlamentaria fijando también la minoría opositoria del Congreso, para evitar tentaciones insurrecionales.

Hubo una activa política exterior que buscaba recuperar el prestigio internacional, unir a los diferentes partidos en un fervor patriótico y contentar a importantes sectores del ejército. Hubo tres campañas:

La expedición a Indochina (1858-1863), en colaboración con Francia. Fue una expedición de castigo por la matanza de misioneros realizada en 1858. La expedición benefició sobre todo a Francia que inició la penetración colonial en la zona.
La intervención en México (1862), se realizó junto a franceses y británicos para exigir al gobierno mexicano el cobro de la deuda atrasada con ese país, pero los españoles acabaron retirándose por desavenencias con los franceses.
Las campañas militares en Marruecos (1859-1860), estuvieron motivadas por disputas fronterizas y se saldaron con el triunfo en las batallas de Tetuán y Castillejos, donde adquirió gran prestigio un militar progresista, el general Prim. La paz de Wad-Ras permitió a España la incorporación del territorio de Ifni a la Corona y la ampliación de la plaza de Ceuta.

En 1863 se hizo patente la descomposición interna de la coalición gubernamental:

Se inicia un período de inestabilidad política que acabó con la dimisión de O´Donnell y la entrega del poder a los moderados por parte de la corona. Este período se caracterizó por la falta de apoyo social y la debilidad de los gobiernos.
Entre 1863 y 1868 se suceden los gobiernos moderados, restableciéndose los principios del moderantismo con Narváez al frente -que impuso su forma autoritaria de gobierno, al margen de las Cortes y del resto de grupos políticos-, ejerciendo una fuerte represión sobre sus opositores.
Los progresistas acusaron a la Corona de entorpoecer el funcionamiento de las instituciones y promover formas de gobierno dictatoriales.
De este modo, ante la marginación política, los progresistas pasaron de nuevo a la insurrección con el apoyo de los demócratas, cuya influencia entre las clases populares iba en aumento.

En 1866 se sublevaron los sargentos del cuartel de San Gil, con la adhesión de progresistas y demócratas y con el apoyo de un levantamiento popular en Madrid:

La insurrección fracasó.

Hubo 66 fusilamientos y más de mil prisioneros, lo que aisló todavía más al régimen y fortaleció la oposición.
Una buena parte de los unionistas se pusieron en contra del gobierno y se acercaron a las posiciones de los progresistas, mientras el propio O'Donnell se exiliaba a Gran Bretaña.

La crisis de subsistencias que se inició en 1866 provocó el aumento de los precios y el descontento popular empeorando la situación del gobierno.
Amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de promover un pronunciamiento que diese un giro radical a la situación.
Los Partidos Progresista y Demócrata crearon un comité de acción conjunto bajo la presidencia de Prim, al que se unieron los Republicanos, y en agosto de 1866 firmaron el Pacto de Ostende.

Tras la muerte de O´Donnell en 1867 su sustituto, el General Serrano, también se unió, además de los republicanos de Pi i Margall, y gran número de altos cargos militares. El fin de este pacto era derrocar a la reina y a su régimen y el establecimiento de unos derechos fundamentales, entre los que destacan el sufragio universal, inspirado por los demócratas. Una vez conquistado el poder se formarían unas Cortes constituyentes que establecerían la forma de gobierno: monarquía o república.

En definitiva, el período que transcurre entre 1856 y 1868 estuvo dominado por la alternancia en el poder de unionistas y moderados. Pero el favoritismo de la Corona hacia los moderados y la marginación de progresistas y demócratas condujeron a la descomposición no sólo del proyecto moderado sino también del sistema político isabelino.

Durante este período se desarrolló un movimiento cultural-literario que se inició en Inglaterra y Alemania y se extendió a lo largo del XIX por Italia, Francia y España. Nos referimos al romanticismo.